El Parlamento Europeo da la razón a Feijóo en contra de la ‘reforma Ribera’ del mercado eléctrico

El acuerdo de los cuatro mayores grupos que conforman el Parlamento Europeo sobre la reforma del mercado eléctrico ha tumbado algunos de los pilares básicos de la propuesta española, elaborada por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. El acuerdo, que será redactado y publicado por los europarlamentarios en los próximos días ni es una reforma integral del mercado eléctrico, como pretendía el gobierno español, ni establece un tope a los ingresos de las energéticas. Tampoco se hace mención a la denominada contribución solidaria. Por contra, sí considera algunas de las principales peticiones realizadas por productores, distribuidores, comercializadores y principales consumidores de electricidad europeos y vienen a dar la razón a las propuestas que el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha incluido en su programa para las elecciones del 23J.

Las líneas de la reforma dibujadas por la Eurocámara han atendido muchas de las peticiones de las grandes industrias consumidoras de electricidad y las propias empresas energéticas.

En cambio, no han tenido en cuenta las propuestas españolas defendidas por el eurodiputado socialista Nicolás González Casares que pretendía topar los ingresos de las compañías.

Los puntos más complejos han sido los Contratos por Diferencia (CFD) y el reparto de sus ingresos, así como la introducción de un tope o cap a los beneficios de las tecnologías inframarginales.

En medios comunitarios se cree que el texto que se presentará ante la Comisión de Industria del Parlamento Europeo el 19 de julio no incluirá tampoco ninguna mención a los cap a los ingresos de las inframarginales.

El texto pactado entre los cuatro grupos políticos, que suman 433 de los 705 escaños del hemiciclo comunitario, mantiene la petición de mantener un tope de ingresos a las tecnologías marginalistas en caso de crisis de precios profunda y prolongada, pero revisa la ambición del borrador inicial propugnado desde el Ministerio español que lidera Teresa Ribera.

Las ‘medidas extraordinarias’ no aparecen en el texto acordado por los grupos parlamentarios de la Eurocámara. Se trata de medidas -largamente apoyadas por el eurodiputado socialista- como el establecimiento de una «contribución solidaria» de las empresas del petróleo, el gas, el carbón y el refino para reducir las facturas energéticas y favorecer nuevas inversiones en tecnologías limpias.

La propuesta española de la llamada reforma Ribera pretendía que dicha contribución fuera recaudada a través de una tasa sobre todos aquellos beneficios de 2022 que superen en más del 20% el beneficio promedio de los cuatro años anteriores.

En ese sentido, la coincidencia del texto europeo con el programa energético el PP es clara. La formación presidida por Núñez Feijóo propone evitar «las Medidas excepcionales, eliminando las existentes, que intervengan el mercado mayorista eléctrico» tal como se recoge en la Medida 116 del programa electoral del PP. La formación considera que «esta política ha provocado inseguridad regulatoria y restado atractivo a España para la llegada de inversiones energéticas».

El texto consensuado por los cuatro mayores bloques de eurodiputados ha tenido muy en cuenta las aportaciones de la industria; aunque la formulación final de la reforma del mercado eléctrico dependerá, primero, de la votación del Parlamento Europeo (prevista para el próximo día 19). Luego, de los puntos que adopte la Comisión Europea y, finalmente, de las decisiones que tomen los Jefes de Gobierno de la Unión en el Consejo Europeo.

De hecho, fuentes diplomáticas apuntaban la posibilidad de que el presidente de turno del Consejo, el español Pedro Sánchez, convoque una reunión de urgencia del Consejo de Ministros de Energía de los 27 antes de la pausa veraniega, con el objetivo de que la reforma quede cerrada este mismo año.

De lo que no cabe duda es de que la decisión de los europarlamentarios ha dejado ‘tocado’ el proyecto de reforma del mercado eléctrico del gobierno de Sánchez. La llamada reforma Ribera ha sufrido un grave traspié, pero de las reuniones del Consejo de Europa no se sabe nunca qué puede salir. Las negociaciones entre países nunca son sobre un mismo asunto y se cruzan intereses de los que suelen salir acuerdos imprevistos.

La oposición de siete países, liderados por Alemania (Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Estonia), a la reforma que ha propuesto España parece haber pesado en los euro-grupos.

Protección a los clientes

El acuerdo de la Eurocámara establece que los países de la UE prohibirán la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética. La idea es prohibir las desconexiones durante los litigios judiciales o extrajudiciales entre el proveedor y los clientes, durante un periodo de ocho semanas.

El pacto político en el Euro parlamento prevé también que los Estados miembros adopten medidas específicas en invierno y en verano para que los consumidores puedan gestionar su consumo y evitar así facturas elevadas.

En esa línea, las propuestas del PP incluyen (Medida 113) la mejora de la protección de los consumidores vulnerables mediante la creación de un Bono Social Único (BSU) con pago directo al consumidor y compatible con cualquier contrato de electricidad y gas.

En términos de sector, además de la ya conocida propuesta de ampliar la vida útil de las centrales nucleares españolas (Medida 114), el programa del PP contempla el impulso del desarrollo de las interconexiones energéticas (Medida 119) y la mejora de la compensación de gastos de CO₂ de la industria electrointensiva, con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión (Medida 56).

En términos de emisiones, la oferta política de Núñez Feijóo incluye también (Medida 117) el impulso a la descarbonización de sectores difícilmente electrificables mediante el biogás, biometano, ecocombustibles y biomasa; además de fomentar el desarrollo del hidrógeno verde como vector energético y de almacenamiento (Medida 118).

En energías renovables el PP prevé desbloquear el proceso de concesión de permisos y la aprobación en la instalación de renovables (Medida 112) en las que introducirá una ‘tasa por hito’, que deberá pagar el promotor. Con ella se financiará el incremento de los medios necesarios para agilizar la gestión de expedientes.
Finalmente (Medida 115), los populares prevén fomentar el almacenamiento de energía renovable mediante un mecanismo de capacidad y condiciones flexibles de acceso y conexión.